Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos hace tres meses, se declaró inocente de los cargos federales de transporte ilegal de personas indocumentadas que enfrenta.
Ábrego García está compareciendo ante un tribunal el viernes por la mañana con un uniforme rojo de detenido.
Se enfrenta a cargos de conspiración para transportar ilegalmente a extranjeros sin documentos para obtener ganancias económicas y transporte ilegal de extranjeros ilegales para obtener ganancias económicas.
Las acusaciones están vinculadas a un control de tráfico en el que Ábrego García condujo un Chevrolet Suburban con nueve pasajeros varones hispanos a través de Tennessee en 2022. Los fiscales alegan que transportó a personas indocumentadas en Estados Unidos en más de 100 viajes entre Texas, Maryland y otros estados.
Los fiscales alegan que, durante varios años, Ábrego García “operó en el mundo ilícito de una red internacional de contrabando”.
Sus abogados, en las alegaciones a favor de su puesta en libertad, cuestionan la gravedad de las acusaciones a las que se enfrenta Ábrego García. Argumentan que la ley ni siquiera debería llevar al tribunal a considerar su detención y la celebración de una vista como la del viernes, y mucho menos decidir que debe permanecer entre rejas a la espera de juicio.
“El tribunal no puede considerar que el señor Ábrego García suponga un grave riesgo de fuga internacional simplemente porque está acusado de un delito que el Gobierno considera de mal gusto”, escribieron esta semana sus abogados al tribunal de Tennessee.
Durante meses, la istración Trump ha estado enzarzada en un intenso pulso con la justicia federal por las órdenes judiciales para que el Gobierno “facilitara” el regreso de Ábrego García desde El Salvador, que expertos, del Congreso y jueces han percibido como una crisis constitucional entre los poderes del Estado.
La acusación de Tennessee, aprobada bajo secreto por un jurado investigador a finales de mayo, y la orden de detención que la acompaña son lo que ha permitido al gobierno estadounidense pedir al gobierno salvadoreño que lo devuelva, según han declarado las autoridades.
La semana pasada, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, celebró una rueda de prensa en la que presentó la acusación contra Ábrego García y calificó de “inquietante” un aspecto de la conspiración, en el que supuestamente se transportaba a niños con fines lucrativos. La acusación también alega que traficó con drogas y armas de fuego.
“Estos hechos demuestran que Ábrego García es un peligro para nuestra comunidad”, dijo Bondi.
Si bien Bondi y la acusación enfatizaron el peligro de las operaciones de contrabando de personas y los presuntos vínculos con la pandilla MS-13, la acusación del jurado investigador no llegó a alegar que era un cerebro en la conspiración.
En una presentación de la semana pasada, los fiscales dijeron al juez que creen que Ábrego García también tiene un historial de violencia vinculado a las pandillas en El Salvador antes de llegar a Estados Unidos.
Los abogados de Ábrego García afirman que las acusaciones que le relacionan con infracciones contra menores no puedan utilizarse para mantenerle detenido. También afirman que los niños que supuestamente transportaba no son víctimas ni corren riesgo de sufrir daños porque iban en el suelo de su SUV, lo que significa que algunos de los argumentos del Departamento de Justicia para mantener detenido a Ábrego García pueden no ser suficientes para que el juez les dé la razón.
No está acusado de ningún delito violento ni de delitos contra menores.
En un procedimiento judicial federal separado en Maryland, los abogados de Ábrego García argumentan que los funcionarios de la istración Trump deben ser sancionados debido a su manejo de su situación de deportación, y la falta de información que proporcionaron a su equipo legal después de múltiples órdenes judiciales, mientras Ábrego García estaba en El Salvador este año.