Oraciones y velas encendidas acompañaron la velada frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas de un grupo de familiares de los migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, donde permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La exigencia sigue siendo la misma: la liberación de sus seres queridos.
Entre ellos estuvo Melitza González, madre de José Gregorio Briceño, que asegura se encuentra en el Cecot desde hace más de 80 días, aunque ni el gobierno de Estados Unidos ni de El Salvador han publicado listas oficiales con los nombres de los más de 250 hombres enviados a la cárcel de máxima seguridad. González dice que será otra noche sin dormir porque igual, aunque esté en casa, se le hace difícil conciliar el sueño e incluso comer por el dolor que le causa pensar en las condiciones en las que podría encontrarse su hijo, con quien, dice, no ha podido hablar o tener una fe de vida.
“Presidente Donald Trump, que por favor nos mande a nuestros hijos para acá, para Venezuela, que ellos no son malos”, dijo, conmovida y entre lágrimas.
Muy cerca de ella estaba Rosa González, madre de Manuel Hernández, quien, como otros de los parientes presentes, portaba una foto de su hijo y una pancarta para respaldar el mensaje que repiten en cada actividad: “Migrar no es un delito”. Dice que la espera por respuestas y por justicia se le ha hecho larga y que “es un dolor muy grande el que siente cada día al despertarse y pensar en él”. Considera que al pasar la noche en protesta pacífica suma un granito de arena por su libertad.
Algunos de los presentes llevaban velas y carteles con las fotos de sus parientes, en los que leían mensajes como “S.O.S ONU”.
Ya ha habido manifestaciones de venezolanos detenidos en El Salvador frente a embajadas y la representación de la ONU, pero es la primera vez que pasan la noche en el lugar. del equipo de la ONU en Caracas en distintas oportunidades han salido a recibir los documentos que los parientes de los detenidos han consignado. El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, ha expresado sus preocupaciones de derechos humanos por las deportaciones desde Estados Unidos.
El comisionado ha dicho que la forma en que algunos fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, así como la retórica degradante contra las personas migrantes, también ha sido “extremadamente preocupante”.
También ha instado a EE.UU. a que adopte las medidas necesarias para “garantizar el debido proceso, dar efecto rápido y pleno a las decisiones de sus tribunales, salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a cualquier país en el que exista un riesgo real de tortura u otro daño irreparable”.
La vigilia ocurrió casi tres meses después de que la istración Trump enviara a 252 venezolanos al Cecot invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma diseñada para aplicarse en tiempos de guerra.
Washington afirma que lo hizo porque todos son delincuentes, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas de ello ni ha publicado una lista de las personas deportadas. Un juez federal en Estados Unidos dictaminó este miércoles que las familias podrán apelar la decisión de trasladar a estos ciudadanos venezolanos a una cárcel en El Salvador.
El fallo del juez federal de distrito James Boasberg determinó que los funcionarios estadounidenses embarcaron indebidamente a los migrantes en vuelos a mediados de marzo y los enviaron al Cecot de El Salvador sin darles la oportunidad de impugnar su designación como “enemigos extranjeros”, sujeta al uso por parte del presidente Donald Trump de la amplia ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
En consecuencia, escribió Boasberg, los funcionarios deben encontrar la manera de facilitar la capacidad de los migrantes para proceder mediante el hábeas corpus y garantizar que sus casos se tramiten como se habrían hecho si el gobierno no hubiera proporcionado un proceso constitucionalmente inadecuado.
Tanto el Gobierno de Venezuela como las familias de los deportados niegan que los detenidos sean responsables de delitos.
El caso ha generado tensiones diplomáticas entre los tres países. Mientras Estados Unidos y El Salvador han defendido la medida y lo que describen como colaboración en materia de seguridad, Venezuela dice que EE.UU. criminaliza a los migrantes venezolanos y acusa a El Salvador de haber secuestrado a sus ciudadanos.
En tanto, un juez federal de Estados Unidos dictaminó el miércoles que los migrantes trasladados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros deben poder impugnar su deportación. De lo contrario “el Gobierno podría secuestrar a cualquiera en la calle, entregarlo a un país extranjero y, en la práctica, impedir cualquier medida correctiva”.
A principios de este año, la Corte Suprema, sin decidir si Trump había invocado correctamente o no la Ley de Enemigos Extranjeros, dictaminó que los funcionarios deben dar a los migrantes afectados la posibilidad de apelar su deportación mediante los recursos de hábeas corpus.