La abogada y activista de derechos humanos Ruth Eleonora López fue acusada criminalmente en El Salvador este lunes por su supuesta participación en el desfalco de fondos públicos, informó su abogado Antonio Aguilar.
Aguilar añadió que la Fiscalía General de El Salvador presentó la solicitud en el Juzgado de Paz Décimo Segundo. CNN solicitó más información a la Fiscalía y al Juzgado y está a la espera de una respuesta de ambos.
El defensor indicó que el tribunal debe fijar la fecha de la audiencia inicial, en la que decidirá si hay suficientes indicios de que López participó en el delito que se le atribuye para ordenar su detención continua o si debe ser liberada.
Aguilar señaló que López fue detenida el 18 de mayo por acusaciones de desfalco cuando era asesora de Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral de 2009 a 2014. Chicas ha estado detenido desde febrero por supuesta enriquecimiento ilícito, cargos de los que se ha declarado inocente.
Aguilar no ha podido reunirse con López para preparar su defensa y establecer su inocencia. También no ha tenido a la acusación presentada por la Fiscalía, según Cristosal, la organización para la que trabaja López y que ha rechazado previamente las acusaciones contra la activista.
Cristosal le confirmó a CNN que la juez que lleva el caso declaró “reserva total del proceso” por lo que no han tenido a documentos y le impide a las partes implicadas brindar mayores detalles.
El abogado es jefe de la unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, dedicada a promover la defensa de los derechos humanos y crítica de la istración del presidente Nayib Bukele.
Llamados para su liberación
La detención de López ha provocado una oleada de acusaciones de organizaciones internacionales y locales que piden su liberación.
La familia de López y la organización Cristosal presentaron una solicitud de hábeas corpus el 29 de mayo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por lo que consideran una detención arbitraria, informó la ONG en un comunicado este lunes.
La solicitud argumenta que la Fiscalía General de El Salvador no presentó la acusación criminal dentro de las 72 horas establecidas por la Constitución, y que López no ha podido tener comunicación “libre y privada” con su equipo legal, lo que socava su derecho a una defensa efectiva, añade el comunicado.
En la demanda, la familia de López solicita que los jueces ordenen su liberación. La Sala Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si ite la solicitud. Los jueces no tienen un plazo establecido para emitir una respuesta.
Además, expertos de las Naciones Unidas (ONU) que forman parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instaron al Gobierno de El Salvador el 30 de mayo a garantizar que López reciba “todas las garantías legales fundamentales y las garantías de debido proceso”.
Entre otras críticas, López ha señalado la falta de transparencia del gobierno de Bukele, denunciando supuestos abusos cometidos por el estado durante el estado de excepción, así como el aumento de la deuda pública sin detallar su inversión o el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin, debido a la volatilidad de su precio.